A estas alturas del conflicto solo hay una cosa clara: la economía de Cataluña sufrirá -y mucho- por el desafío independentista. Pero también el resto de España.

Ante el horizonte 2018, la economía catalana afronta unos escenarios de elevada incertidumbre como consecuencia de unas decisiones políticas que relegaron las prioridades económicas a un segundo plano.

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La fuga de empresas, la inseguridad jurídica, el incremento de las

incertidumbres económicas -que perjudica a la inversión y al gasto

en consumo privado- y la sensación de que la tensión política será

larga -lo que afecta a los mercados financieros y tiende a encarecer

la prima de riesgo- acabarán pasando factura a la evolución de la

actividad. La cuantía del daño, obviamente, dependerá de la

duración y de la intensidad del conflicto.

 

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Pero es, asimismo, la que cuenta con mayor sector industrial, un 23,1% del conjunto de la producción, el triple que Madrid. Además de disfrutar de importantes infraestructuras (puertos, aeropuertos, autopistas o centros logísticos) por las que circulan buena parte de los bienes y servicios que produce el resto de España, y que salen por Cataluña por su posición geográfica fronteriza.

 

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Y menor actividad económica -por huelgas, desobediencia

civil o, simplemente desconfianza de los inversores y de los

consumidores- significa, lógicamente, menos empleos y

menor recaudación del Estado en esa comunidad. El año

pasado, sin ir más lejos, la Agencia Tributaria estatal ingresó

en Cataluña nada menos que 37.825 millones de euros.